Recogida de Firmas para la retirada del Decreto-Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público de Andalucía

Los abajo firmantes,

EXPONEN Y MANIFIESTAN:

Su más enérgico rechazo al Decreto-Ley 5/2010, aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado 27 de Julio del presente año y publicado en BOJA del 28 de Julio de 2010, de Reordenación del Sector Público de Andalucía, considerando que la aplicación del mismo supone indefensión, así como la vulneración y lesión de derechos fundamentales que nos asisten como ciudadanos.

Entre otros atropellos, el citado Decreto-Ley, produce huida del derecho administrativo, indefensión y arbitrariedad (arts. 105, 106.1 y 9.3 de la Constitución Española), viola la competencia exclusiva de legislación del Estado en materia mercantil y régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, incumple los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, invade competencias reservadas a funcionarios públicos, e incumple los principios de objetividad y subordinación al interés general del art. 103 de la Constitución.

Esta norma, no solo realiza un ataque a la función pública, y por ende a los servicios que los ciudadanos reciben de ella con el intento de la privatización encubierta, sino que rompe la esperanza de los miles de opositores que esperan ser algún día empleados públicos.

ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS:

1.- Al Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez y a su equipo de Gobierno, la retirada inmediata del Decreto-Ley, para impedir así las enormes injusticias que en el se recogen y las perjudiciales consecuencias que tendría su aplicación a la sociedad en su conjunto.

2.- A los Grupos Parlamentarios IU-LV-CA y PP-A la suma de sus esfuerzos para evitar su aplicación, así como la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad.

3.- Al resto de grupos políticos, PA+PSA, UPyD entre otros, así como a las asociaciones, agrupaciones e interlocutores sociales, la adopción de cuantas medidas estimen para impedir la ejecución de tan injusta norma.

4.- Al Defensor del Pueblo Andaluz, la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad y al mismo tiempo, al amparo del art. 10 de la Ley 9/1983, de creación del Defensor del Pueblo y del art. 28.2 de la misma, su intervención, investigación, y emisión del informe previsto en el art. 31.2 para su remisión al Parlamento de Andalucía, solicitando a este que acuerde la suspensión de su ejecución y aplicación.

5.- A la Defensora del Pueblo Español las medidas que le correspondan en el ejercicio de sus facultades en el mismo sentido a lo solicitado a su homólogo Andaluz.

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¿Cuál es su opinión?