Recogida de Firmas Defensa del Partido Judicial de Huéscar y los Servicios Públicos de la Comarca de Huéscar
Para: Ministro de Justicia
MANIFIESTO
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL DE HUÉSCAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COMARCA DE HUÉSCAR
El pasado día 3 de mayo de 2012 el Pleno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) aprobó la propuesta inicial de bases para una nueva demarcación judicial que conllevará la reducción de los actuales 431 Partidos Judiciales a menos de la mitad (199) con el objetivo no claro de mejorar la coordinación y el aprovechamiento de los recursos públicos.
Esta redefinición de los Partidos Judiciales de España se asienta según el informe del CGPJ en las bases de población (100.000 habitantes) y desplazamiento (1 hora hasta la cabecera del Partido).
Según esta propuesta los órganos judiciales de Huéscar y Guadix dependerían de Baza donde parece ser que se concentrarían los mismos, quedando la propuesta de la siguiente manera:
5 juzgados Partidos Agrupados Nº Juzgados Población 108.576
Comprende el actual BAZA 2 42.513
Comprende el actual GUADIX 2 49.002
Comprende el actual HUÉSCAR 1 17.061
Con esta propuesta la COMARCA DE HUÉSCAR formada por los pueblos de CASTILLEJAR, CASTRIL, GALERA, HUÉSCAR, ORCE y PUEBLA DON FADRIQUE y sus numerosas pedanías, perdería un servicio público esencial para su población. Perderíamos un Juzgado de larga tradición que hoy día funciona sin retrasos excesivos. Desaparecería un Juzgado eficaz.
De llevarse a cabo esta remodelación territorial de jurisdicciones, la ya de por sí pobre economía comarcal de Huéscar se vería gravemente perjudicada pues se incrementarían los costes de acceso a la justicia de los habitantes de esta comarca (aumento de honorarios de los profesionales que asumen las funciones de representación y defensa), se multiplicarían los costes laborales (aumentar la distancia al Juzgado conllevaría perder como mínimo toda una mañana de trabajo laboral para acudir a una vista judicial) aumentarían los desplazamientos de los ciudadanos y su correspondiente gasto, en algunos casos de más de 100 kms y con escasas o nulas líneas de comunicación (autobuses, taxis, …) pues no olvidemos que en esta zona rural muchas personas no disponen de vehículo propio. Además se incumpliría una de las bases de esta propuesta pues las deficientes carreteras de las que disponemos impedirían llegar a la cabecera en menos de una hora en condiciones meteorológicas normales, aumentándose este tiempo cuando caigan las frecuentes nevadas y heladas invernales.
Dada que una de las principales fortalezas de Andalucía es su cohesión territorial que asienta la población al territorio y que viene dada para garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos esenciales que estén a su alcance, viva donde se viva, con esta pretendida reforma se quebraría insosteniblemente este principio social y los ciudadanos de la Comarca de Huéscar pasarían a ser no ya de segunda sino de "tercera categoría" en comparación con los andaluces y andaluzas que habiten en las cabeceras de los Partidos Judiciales al distanciárseles aún más los órganos donde se imparte justicia, justicia de todos pero parece que no para todos.
Esta propuesta ha causado preocupación en los habitantes, asociaciones, entidades, centros de trabajo, profesionales y administraciones de la Comarca, ya que son zonas rurales como esta Comarca Oscense donde los poderes públicos deben asegurar aún más si cabe la permanencia de los servicios públicos esenciales como es el Partido Judicial, que garantiza el fácil acceso de todos los ciudadanos a los Juzgados, anteponiendo criterios de desarrollo económico y social a los meramente geográficos y de población. Es en estas zonas rurales donde los poderes públicos deben asegurar la permanencia y mantenimiento de los servicios públicos sin dejarse llevar únicamente por ratios de habitantes.
Un servicio público tan esencial para la ciudadanía como es la Administración de Justicia, uno de los pilares de nuestra sociedad democrática, cuya representación de Huéscar es a través de un Partido Judicial que a lo largo de tantos años de existencia ha demostrado una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Pretender su supresión además de las consecuencias directas e indirectas en otros servicios públicos de la comarca sería retroceder en el tiempo, sumirnos irremediablemente en la pobreza y en el olvido, obstaculizar los pocos medios que disponemos los ciudadanos de esta comarca para la convivencia y el desarrollo sostenible.
Además consideramos que la propuesta significa prestar un servicio público a velocidades diferentes según residan en núcleos de población grandes (capitales) y núcleos de población pequeños (zonas rurales) que tienen las mismas necesidades y demandas de justicia y por supuesto de acceso a un servicio público esencial consagrado constitucionalmente.
Todos tenemos claro que en estos tiempos críticos en que nos encontramos debemos hacer un esfuerzo ahorrador para, más pronto que tarde, salir de esta crisis, pero ello no debe ser excusa para perder derechos ni para perder prestaciones públicas.
No entendemos como se pretende dejar abandonado un estupendo edificio judicial construido hace apenas cuatro años con un gasto de 2,5 millones de euros. Ahorrar también es saber aprovechar y gestionar los edificios públicos existentes. Además si lo que se pretende es concentrar los actuales cinco juzgados en Baza y, como dice la propuesta, tener ocho juzgados por Partido Judicial, es evidente que se habría que ampliar el actual edificio judicial bastetano o construir un nuevo Palacio de Justicia y precisamente ahora no nos sobran ni 4, ni 10 millones de euros para esta innecesaria obra.
Por todo lo expuesto la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL DE HUÉSCAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COMARCA DE HUÉSCAR defiende:
EL MANTENIMIENTO DEL PARTIDO JUDICIAL DE HUÉSCAR Y SU JUZGADO EN ESTA O CUALQUIER PROPUESTA DE NUEVA PLANTA Y DEMARCACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE ESPAÑA.
En Huéscar, a 21 de mayo de 2012.
