Recogida de Firmas POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE. JUECES JUZGADOS POR UN JURADO POPULAR.
Para: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Toda persona que haya tenido trato con la Administración de Justicia de un modo continuo sabe de qué pie cojea ésta. El problema número uno de la Justicia en España no es la lentitud sino la calidad y, dentro de la calidad, el inadmisible nivel de arbitrariedad que existe en su interior. Parece que más que la Justicia de un Estado de Derecho sea una Justicia de “juzgados y tribunales taifas” donde cada uno resuelve según su antojo y, no pocas veces, en función de filias y fobias. No es una leyenda negra, desgraciadamente, es un hecho real. Un juez prejuicioso, habituado a resolver a base de sus meras impresiones, puede suponer un capítulo de daño a la sociedad española impresionante. En un solo año podría generar una responsabilidad pública de millones de euros.
El Tribunal Constitucional, órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución Española de 1978, por su parte, representa algo así como el paraíso de la arbitrariedad. Miles de recursos de amparo son rechazados, aún siendo admisibles, por el mucho trabajo que conllevan y, según el propio TC, las violaciones de derechos fundamentales son algo excepcionalísimo (prueba de la falta de contacto con la realidad). Además de su culto a la arbitrariedad están también sus corolarios: el politiqueo, el mamoneo de favores y contra favores.
El ciudadano vive convencido de una JUSTICIA REAL, constantemente difundida por los medios informativos, hasta que le cae encima la “espada de Damocles” y se convierte en una víctima más de los “errores” de la justicia. Los mal llamados “errores judiciales”, incluso con claros indicios de prevaricación, son cada vez más frecuentes. Y es entonces cuando los ciudadanos-víctimas buscamos desesperadamente una TUTELA JUDICIAL que no encontramos.
Los jueces gozan de total impunidad, rara es la denuncia contra un juez que prospera y, una vez admitida, el juez será juzgado por otro juez. Es de conocimiento popular las represalias que el ciudadano sufre cuando presenta una de estas denuncias. En los últimos años la “técnica” usada por algunos jueces es la de encausar al denunciante en un proceso de incapacitación para que sea declarado enfermo mental de “síndrome querulante”.
De otra parte, el sistema de acceso a la Judicatura no nos asegura jueces aptos y competentes. Jóvenes que han pasado dos o tres o más años preparando oposiciones, aislados en sus lugares de estudio, no pocos tocados de desequilibrios psíquicos, no pueden ser los guardianes del derecho, carecen de la madurez y el sentido de la razón que necesita la función de juez. Se hace necesaria la creación de serios exámenes previos a la oposición donde se pueda ver si el candidato tiene el perfil psicológico para ser juez: comprensión, honestidad racionalidad, equilibrio. ¿Cómo álguien sin alguna de estas cualidades puede tener en su mano el poder de juzgar del Estado?.
La parte salvable de la Justicia española no alcanza ni el 25 por ciento de su total. Por ello habría que crear vías jurídicas para una destitución masiva de jueces que no cumplen con sus obligaciones de dictar sentencias correctas e imparciales. El mecanismo disciplinario podría ser una válvula de escape a este problema, pero estando en manos del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por el Parlamento (Congreso y Senado), es imposible. Al “sistema político” no le interesa limpiar nuestro sistema judicial, pues con jueces corruptos o miedosos que miran para otro lado los mangoneos corruptos de los políticos pueden continuar. Recordemos que tienen en sus listas políticos encausados por corrupción. Y así la sombra de una justicia corrupta se extiende a todos los sectores de una sociedad, NO SE PUEDE TENER DEMOCRACIA REAL SI NO HAY JUSTICIA REAL.
Por eso la exigencia a Jueces de responsabilidad disciplinaria, civil y penal debería ser ante órganos independientes de la Justicia profesional, un jurado cualificado o técnico podría ser la solución. Propongamos un nuevo Organismo de Fiscalización Independiente, con una Comisión de Auditoría con funciones de vigilancia, especialista en corrupción, con técnicos incorporados por cada partido constituido en España, de total transparencia, y un Jurado Popular para juzgar a jueces. Pidamos, además, protección para los que denuncian indicios de prevaricación judicial. Urge la necesidad de crear un sistema judicial limpio y, como consecuencia inmediata, un sistema político limpio.
Firmemos para presentar al Congreso de los Diputados nuestra propuesta de creación de un Organismo de Fiscalización Independiente y para que los JUECES SEAN JUZGADOS POR UN JURADO POPULAR.
