Recogida de Firmas Referéndum para la modificación de las retribuciones y las exigencias a la clase política española
Para: Congreso de los Diputados, Presidente del Gobierno
Debido a los continuos escándalos de corrupción en la clase política, la situación de inmunidad de la que disponen y debido a las nefastas decisiones tomadas por los gobiernos de los últimos 20 años, que han acentuado la situación de España en la actual crisis económica mundial y nos han colocado en una situación social de elevada precariedad, los abajo firmantes solicitan un referéndum público para un cambio en la Constitución Española que contemple los siguientes puntos:
- Los cargos políticos deberán disponer de una formación acorde a su desempeño. Para ejercer en ayuntamientos pequeños, deberán haber aprobado como mínimo el bachillerato. Para ejercer en ayuntamientos grandes o cargos provinciales deberán disponer de una diplomatura o equivalente. Para desarrollar un puesto a nivel autonómico o nacional deberán disponer de una licenciatura, excepto los ministros, que deberán tener además un doctorado en un tema específicamente relacionado con el ministerio al que representen. El presidente del gobierno deberá poseer el título de doctor y con experiencia probada en administración de empresas (MBA o similar). El objetivo de estas exigencias es adecuar el nivel de formación a la responsabilidad e importancia del trabajo a desarrollar, así como fomentar la inclusión en los partidos políticos de gente de elevada preparación y que no hayan ascendido en la política debido a oscuros motivos.
- Existirá la posibilidad de elegir a los representantes políticos según la persona y no únicamente según el partido político, dando al votante mayor libertad y poder en la democracia (listas abiertas). Esto reduciría la existencia de “enchufados ineptos” diluidos en las listas electorales de la mayoría de los partidos políticos.
- Los salarios de los políticos deberán ser acordes a los de su formación según los existentes actualmente en la administración pública. Así, un ministro (licenciado doctor con experiencia), deberá cobrar el equivalente a un grupo A, nivel 28 (unos 2700 €/mes netos). Y lo mismo deberá aplicarse al resto de políticos. De su salario se descontarán los mismos impuestos y cotizarán del mismo modo para la seguridad social y el paro que el resto de los españoles. Adicionalmente, las dietas cobradas en sus desplazamientos se equipararán a las del resto de trabajadores de la administración pública. Tampoco podrán desempeñar más de un cargo público simultáneamente y, si disponen de un trabajo en la empresa privada al tomar posesión del cargo político, la empresa deberá mantenerles el puesto y el nivel hasta que terminen su función pública. Esta situación salarial redundará en una clase política más basada en la vocación que en el deseo de enriquecimiento personal, lo que movilizará a gente preparada que realmente desee participar en el desarrollo de su ayuntamiento, provincia o nación, y ahuyentará a la gente que sólo desee poder, fama, dinero y demás “virtudes” actuales de nuestra clase política.
- La función política de una persona podrá ser evaluada por un tribunal con jurado popular elegido al azar en caso de existir sospechas de mala gestión, pero no sólo en casos de corrupción, sino también en casos de negligencia y decisiones erróneas que lleven a la pérdida o derroche de grandes cantidades de dinero público. Si el juicio decide que no existió mala fe, el político deberá ser condenado a no volver a ejercer su función durante un número de años (despido e inhabilitación). Si se concluye que existió mala fe en la actuación, la pena deberá ser económica y de prisión, además de la inhabilitación vitalicia para la función política.
Los puntos anteriores deberán revisarse y concretarse en una futura propuesta de referéndum, pero tal y como están descritos, constituyen la base de una futura clase política dedicada a servir a los ciudadanos. De esta forma, se evitarán las situaciones tan vergonzosas que se producen habitualmente en la clase política española, y que, de seguir así, terminarán por desilusionar a las nuevas generaciones limitando las posibilidades de duración de nuestra joven democracia.
