Recogida de Firmas ADHESION A LA DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE ACAMPADA/BCN DE PLAZA CATALUNYA
Para: Entidades culturales y ministerios
La Declaración de la Comisión de Cultura de AcampadaBCN de Plaza Catalunya de Barcelona para un Modelo de Cultura es un documento de principios y propuestas debatidas, consensuadas y redactadas asambleariamente a lo largo de dos meses en la Plaza Catalunya de Barcelona dentro del marco de la Acampada 15M. Este documento se considera permanentemente abierto y en proceso.
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE ACAMPADA/BCN DE PLAZA CATALUNYA
La política cultural no es la cultura.
Las instituciones públicas no hacen la cultura.
Las instituciones públicas gestionan los recursos públicos destinados a la cultura.
La cultura es un bien común y un proceso en constante transformación que refleja las dinámicas sociales, el resultado del cual no tiene que ser necesariamente una obra o un producto mercantil.
La cultura tiene que ser libre y plural, y las políticas culturales tienen que reflejar, fomentar y garantizar esta libertad y esta pluralidad.
La política cultural tiene que dotar de recursos las actividades de investigación, producción, exhibición, difusión y educación cultural, desde una óptica sostenible y en base a su valor social.
La política cultural no puede estar orientada a una mera consecución de beneficios económicos.
Hay que desarrollar modelos culturales a largo plazo, inclusivos, participativos, sostenibles y exploratorios.
1.0 – Por una redefinición social de las políticas culturales
1.1- Replantear el modelo de políticas culturales impulsado por el Govern de la Generalitat de Catalunya mediante las llamadas Leyes Ómnibus, donde se penalizan los procesos culturales no mercantiles y se favorecen las producciones culturales destinadas a la espectacularización de la cultura y a la ganancia económica, mediante un proceso de mercantilización de los imaginarios colectivos. La ganancia cultural es fundamentalmente social y colectiva. La ganancia económica es complementaria.
1.2- Constituir un organismo de gestión cultural independiente a partir de un debate horizontal, transparente y participativo con todos los sectores implicados. La fallida trayectoria de los organismos existentes hasta ahora (CONCA, ICIC…) no puede ser excusa para un regreso al dirigismo político hacia las políticas culturales ni para una vertebración del tejido cultural en base únicamente al concepto de Industrias Culturales.
1.3- Intensificar el apoyo a las prácticas culturales de base que se dedican a la invesitgación y a aquellas plataformas que dan cobertura a la creación “emergente”, más que no a aquellas centradas en la producción cultural de consumo masivo. Al mismo tiempo, hay que adaptar las políticas culturales a los tiempos productivos propios de la investigación y la producción culturales.
1.4- Favorecer una política de inversiones en que la Investigación, el Desarrollo y la Innovación cultural (I+D+i) funcione como motor de un modelo sociocultural no basado necesariamente en la creación de obras y su exhibición y difusión. Hay que favorecer inversiones adecuadas a las realidades culturales y a los nuevos apoyos que estas presentan, dejando a un lado las inversiones en nuevas infraestructuras, aprovechando viveros ya en latencia o existentes, universidades, etc. y, optimizando así los recursos existentes.
1.5- Conceder a los creadores y creadoras el poder para gestionar los recursos públicos vinculados a sus actividades desde protocolos flexibles y transparentes. Los organismos públicos de gestión cultural son gestores de recursos, no sus propietarios. La cultura no está al servicio de la administración, la administración está al servicio de la cultura.
2.0 – Por un nuevo modelo de gestión de los recursos públicos
2.1- Redimensionar los actuales ajustes presupuestarios sin orientarlos hacia el recorte de actividades sino hacia una política de planificación sostenible de los recursos a largo plazo que salvaguarde prioritariamente el tejido cultural de base.
2.2- Redimensionar los sueldos de los cargos públicos de las instituciones culturales de acuerdo con la actual realidad socio-económica.
2.3- Hacer que los recursos públicos invertidos en cultura reviertan al dominio público. Las actividades de los productores culturales que reciban subvenciones públicas tienen que devolver valor social añadido a la sociedad. Esta devolución puede tomar forma de socialización de sus procesos y resultados, a través del acceso gratuito, mediante la exigencia de uso de licencias libres o compartiendo públicamente estos activos.
2.4- Limitar la privatización de la ganancia generada con ayudas públicas y suprimir las subvenciones a los proyectos, empresas y entidades culturales que pueden mantener su sostenibilidad y autonomía económica sin la contribución de estas ayudas públicas. Hay que reconsiderar las subvenciones a las empresas y entidades culturales que extraen un beneficio económico desproporcionado, mediante la limitación de esta ayuda o del regreso al dominio público de parte de esta ganancia.
2.5- En cuanto que las instituciones culturales privadas disfrutan de financiación pública, éstas tienen que estar sujetas a los mismos protocolos que afectan los organismos íntegramente públicos. Denunciamos que los precios de entrada a un centro cultural privado impidan la visita de una parte importante de la población, cuando es esta misma ciudadanía la que facilita con sus impuestos parte de la financiación de esta institución.
2.6- Que la externalización de los servicios culturales no implique la privatización encubierta del servicio, su mercantilización ni la precariedad de los trabajadores y trabajadoras culturales.
2.7- Que la aplicación del 1% Cultural contemplado en la Ley de Patrimonio Histórico -que establece la obligación de destinar a los contratos de obras públicas una partida del 1% a trabajos de conservación, enriquecimiento del patrimonio histórico y fomento de la creatividad artística- sea transparente y cogestionado con el tejido cultural local.
2.8- La obligación de que las entidades culturales públicas y privadas con participación pública programen una cuota significativa de producciones procedentes del tejido local, autonómico o estatal en base a criterios contextuales.
2.9- Potenciar los departamentos de actividades, en comparación a los departamentos expositivos en los centros culturales públicos, como marco donde se da visibilidad preferentemente a los fenómenos sociales emergentes y la vocación de servicio público de estas instituciones.
2.10- La consideración de una nueva ley del mecenazgo que favorezca la colaboración de entidades privadas a la creación artística.
3.0 – Por un modelo de cultura libre
3.1- Abolición inmediata y completa de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, también llamada Ley Sinde, y del Canon Digital, sin que esto suponga la pérdida del derecho a copia privada ni que se tenga que grabar un canon sobre la conexión en Internet.
3.2- Prohibición del cobro por parte de las entidades de gestión colectiva de los derechos de obras que no pertenezcan a sus socios y socias, así como de los impuestos no atribuibles.
3.3- Liberación al espacio público, bajo licencias libres, de los fondos audiovisuales de las corporaciones públicas de radio-televisión estatales, autonómicas y locales.
3.4- Uso y fomento por parte de las instituciones públicas -estatales, autonómicas y locales- de sistemas operativos libres y, en general, de software libre.
3.5- Establecer mecanismos legales que garanticen la obligación de retorno al dominio público y que favorezcan el uso de licencias libres de aquellas obras financiadas con fondos públicos, y estipulación de programas de ayudas públicas a la creación para aquellas obras que se amparen legalmente bajo esta clase de licencias.
3.6- Fomentar, por parte de las administraciones públicas, la cultura del paradigma del “procomún”, de los proyectos sociales que inciden en operativas procomunitarias y de las empresas del procomún. Desarrollar institucionalmente proyectos orientados a la sostenibilidad social y a la posibilidad de compartir colectivamente los recursos disponibles, como por ejemplo el aprovechamiento de infraestructuras y espacios en desuso o la creación de almacenes de materiales reutilizables por la comunidad de creadores/creadoras y por los centros de producción.
4.0 – Por unas políticas culturales transparentes
4.1- La total transparencia informativa en la gestión y adjudicación de los recursos de las instituciones culturales, tanto públicas como privadas, y de los criterios de adjudicación de becas y subvenciones, así como de los presupuestos.
4.2- La exigencia de que los altos cargos de la administración cultural tengan un conocimiento solvente del contexto cultural local.
4.3- La convocatoria de concurso público para los puestos directivos de las entidades culturales públicas y privadas que reciban financiación pública.
4.4- La articulación de una legislación que regule el traspaso de los gestores y gestoras entre el ámbito público y privado para prevenir el conflicto de intereses.
4.5- La aplicación obligatoria del “Código de Buenas Prácticas Profesionales a las Artes Visuales” a las instituciones culturales, públicas y privadas. Las entidades tienen que hacer contratos a los creadores y productores, y es necesario que su papel primordial en la actividad quede reflejado en el conjunto del presupuesto.
5.0 – Por una redefinición política del espacio público
5.1- El fin de las políticas municipales de privatización del espacio público. Hay que poner freno al favorecimiento por parte de la administración pública de aquellas manifestaciones en el espacio público vinculadas exclusivamente a iniciativas privadas y mercantiles.
5.2- La derogación de la Ordenanza Municipal de Civismo de Barcelona y re-escritura de los usos culturales del espacio público con objeto de fomentar prácticas culturales plurales e inclusivas, particularmente aquellas no tuteladas por las administraciones.
5.3- La modificación de la legislación sobre el diseño de los espacios públicos y mobiliarios urbanos para favorecer la recuperación social de los usos del espacio público.
5.4- Modificación de la gestión y del modelo de propiedad del espacio radio-eléctrico público. Apertura de canales de libre producción y acceso, tanto en televisión como en radio.
6.0 – Recursos para una sensibilización cultural a la educación
6.1- Intensificar la educación en las escuelas en base a la experimentación y al fomento del reconocimiento plural de la sensibilidad, no del consumismo y de la espectacularización.
6.2- Transformar y ampliar los programas de primaria y secundaria sobre las artes y las prácticas culturales en base al espíritu crítico y la libertad de expresión, introduciendo transversalidad cultural, cruce de disciplinas y fomentando la exploración de la herencia cultural en detrimento de una transmisión mecanicista de la misma.
6.3- Revisar la aplicación del Plan Bolonia en la universidad, y su categorización del alumnado únicamente en función de una supuesta competencia para sostener el mercado, sancionando severamente aquellas disciplinas consideradas “improductivas”.
Este documento está en constante proceso de constitución y abierto a la participación.
Plaza Cataluña, Barcelona, en las escaleras detrás del monumento a Macià.
19 de julio de 2011
