Recogida de Firmas Sobre la LOMCE y la necesidad de un pacto social y político
Para: Todas las personas preocupadas por la calidad de nuestro sistema educativo
Reunidos en la Facultad de Educación de Murcia: Dª. Concha Martín, Decana, D. Francisco Pérez, Presidente de ADEIP-RM (Directivos de Primaria), Dª. Paquita López, Presidenta de FAPARM (Federación de AMPAs), D. Raimundo de los Reyes, Presidente de ADES (Directivos de Secundaria), D. Ginés Martínez, Presidente de la Asociación Educación Pública Siglo XXI, D. Antonio de Pro, D. Juan M. Escudero y D. Antonio Viñao, profesores de la Facultad de Educación, y D. José Nieto, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alfonso Arques, en representación de los alumnos de la Facultad de Educación. Ante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), propuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, queremos manifestar lo siguiente:
Nuestro sistema educativo, que ha ido logrando metas importantes en las dos últimas décadas, tiene todavía otras muchas por alcanzar para las que se requieren cambios ambiciosos y profundos en línea con una calidad democrática, justa y equitativa de la educación. Cambios que deberían producirse desde la verdadera convicción de que la educación es un soporte básico para el futuro del país, y por ello deberían asimismo ser fruto de un inexcusable esfuerzo de consenso entre las formaciones políticas del Estado que nazca de un diagnóstico en profundidad de la situación alejado de posicionamientos partidista e incorpore a los protagonistas de la educación: la comunidad educativa.
El actual anteproyecto de LOMCE no apunta hacia las transformaciones que la educación necesita, sino que, por el contrario, es una reforma más que se suma al constante cambio legislativo al que la alternancia política nos tiene acostumbrados. Con ello acrecienta, entre los distintos sectores sociales y educativos, la sensación de inestabilidad normativa, de ausencia de proyección temporal de las medidas adoptadas, y la consecuente desmotivación al dejar de lado el concierto social, político y educativo sin el cual las reformas están condenadas al fracaso desde el momento mismo de su nacimiento.
En definitiva, y a base de “remiendos”, resulta complicado incluso aplicar con alguna convicción el término sistema a lo que se nos presenta como tal. Y más aún crear las condiciones, las capacidades y los compromisos convenientes al sistema, los centros y profesorado para garantizar a todos el derecho debido a la educación. Tan es así que si hoy la educación pública se sostiene, y no empeoran mucho más sus resultados, es gracias al esfuerzo colectivo que, desde su vocación y responsabilidad, llevan a cabo cotidianamente los profesionales de la docencia y las familias.
Esta Ley modificará sustancialmente la anterior sin derogarla, precisamente con el argumento de no contribuir a la referida situación de inconsistencia e inestabilidad normativa. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Sería prolijo detallar aquí la larga relación de aspectos del sistema educativo que sufren modificaciones esenciales. Y lo sería también el análisis detallado de las consecuencias de dichos cambios. La lectura detenida del Anteproyecto evidencia, como han puesto de manifiesto diversas organizaciones, que la LOMCE conduce:
• a un deterioro del derecho a la educación
• a un debilitamiento de la escolaridad pública
• al menoscabo de un sistema educativo comprensivo
• a la promoción de un modelo educativo segregador y excluyente
• al quebranto de las condiciones educativas que aspiran a garantizar la equidad social
• al empobrecimiento de la calidad democrática en los procedimientos para la gestión de los centros educativos
Cambios que no son acordes con el fortalecimiento y la valoración de una escuela y educación públicas de calidad, justas para todos, no sólo para los mejores, la dignificación y el protagonismo de la profesión docente, el buen gobierno de la administración y los centros, el establecimiento de alianzas fructíferas entre las escuelas, las familias, la comunidad y toda la sociedad civil.
Más allá de hacer juicios sobre las muy discutibles intenciones y objetivos perseguidos con esta nueva reforma, queremos con este documento hacer manifestación pública y solicitar la adhesión de cuantos, como nosotros, entiendan que el sistema educativo español lo que precisa perentoriamente son acuerdos y estabilidad. No faltan estudios e informes de organismos independientes, nacionales e internacionales, que señalan las carencias y apuntan soluciones. Sí parece faltar la voluntad y la capacidad para entender que estamos ante esa acuciante necesidad.
Así pues, quienes suscribimos este documento reclamamos la urgencia de un gran pacto nacional social y político que nos aporte un sistema educativo estable y duradero, y lo hacemos desde el profundo convencimiento de que es la única vía para asegurar un futuro de mejora real y sostenida de nuestra educación.
Murcia, 25 de febrero de 2013.
