Recogida de Firmas «MANIFIESTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS EN DEFENSA DE UNA ADMINISTRACION HIDRAÚLICA EFICAZ, IMPARCIAL, HONRADA Y NO POLITIZADA»
MANIFIESTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS EN DEFENSA DE UNA ADMINISTRACION HIDRAÚLICA EFICAZ, IMPARCIAL, HONRADA Y NO POLITIZADA
El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía vive tiempos difíciles. El Gobierno Andaluz, en una huida hacia adelante sin precedentes, ha impulsado una serie de medidas de reforma de la Administración que atentan a la esencia del concepto de la función pública destruyendo uno de los pilares sobre los que se asienta una gestión democrática y honrada del interés público.
No solamente están en juego los derechos de los empleados públicos, sino que fundamentalmente corre peligro la gestión imparcial y objetiva de la función pública.
Cuando las mentes preclaras de este país denuncian la politización de la administración como uno de los principales males de nuestra era, que entre otras cosas trae como consecuencia el deterioro de la gestión y el despilfarro de los caudales públicos, el Gobierno de la Junta de Andalucía, acosado por la sentencia del Tribunal Supremo que pone de manifiesto la ilegalidad de la actuación de las innumerables empresas públicas creadas por la Autonomía para, precisamente, eludir los controles establecidos por la Ley a la Administración, léase la ley de contratos o la fiscalización de la Intervención de sus cuentas, legisla por el procedimiento de urgencia un Decreto Ley, el 5/2010 de 27 de julio, que lo que pretende en definitiva es transformar en empresa pública empresarial a la Administración en general, englobando allí a las empresas públicas denunciadas por el Tribunal Supremo.
El Decreto Ley establece que “funcionarios pertenecientes a la Consejería quedarán bajo la dirección funcional de la Agencia, sujetos a las instrucciones y ordenes de servicio de los órganos directivos de las mismas, que regularán jornadas, horarios, retribuciones en concepto de evaluación por desempeño y ejercicio de la potestad sancionadora”.
La pérdida de imparcialidad y objetividad del funcionario es inevitable cuando su horario, sueldo y hasta la posibilidad de sanciones dependen de un empleado externo, que como el resto de personal de estas empresas públicas no ha accedido a su puesto en un proceso selectivo con garantías de cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Pero el Decreto Ley profundiza aún más en su afán de politizar la Administración:”el personal de la agencia pública empresarial, cualquiera que sea su forma de vinculación, podrá llevar a cabo de forma directa funciones complementarias como la de fe pública y todas aquellas reservadas a personal funcionario”
A la irracionalidad de transformar algo tan vital como la esencia del concepto de la Administración por la vía de urgencia, se le une el agravante de la “nocturnidad” de aprovecharse del mes de agosto y la desfachatez de convalidarlo con la mesa de vacaciones del Parlamento Andaluz: una muestra del vergonzoso modo de gestión de esta Administración.
Los empleados públicos de Agencia Publica del Agua somos testigos de excepción de este proceso increíble: procedentes de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, Guadiana y Sur, Organismos del Estado, hemos asistido con estupor a una transferencia de competencias contraria al principio universalmente reconocido de gestión del agua por cuencas, hemos vivido en nuestro trabajo la desintegración de unas estructuras técnicas forjadas durante 80 años, se ha producido como consecuencia una notoria parálisis en el desarrollo de los trabajos, hemos contemplado una politización desmesurada de los técnicos de la escala superior, y por fin hemos sufrido en varios de nuestros compañeros actitudes propias de otra época.
Y cuando ya creíamos que se había tocado fondo porque mas bajo era imposible caer, el 27 de julio nos asombran con este Decreto que vuelve a poner patas arriba la organización de la Administración del Agua.
No solo pretende reorganizar lo que ya se reorganizó, con fracaso rotundo, hace menos de dos años, sino que también lesiona de forma grave los derechos de los empleados públicos, y lo que es más preocupante, establece un modelo de organización a nivel general que rompe de forma radical con el concepto de función pública.
A partir de este Decreto a la FUNCIÓN PÚBLICA se la desposee de la garantía de la imparcialidad y se le atribuye la capacidad de politización en todos los niveles, sin límites ni restricciones.
Es una nefasta noticia para la sociedad contra la que los empleados públicos nos hemos puesto en lucha.
DEFENDEMOS UNA GESTIÓN HIDRAÚLICA EFICAZ, IMPARCIAL, HONRADA Y NO POLITIZADA
