Recogida de Firmas PARA ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS: UN ESTATUTO PARA LOS CARGOS POLÍTICOS.
Para: Congreso de los Diputados.
El mantenimiento de privilegios y prebendas para la clase política resta legitimidad a sus decisiones. Quien no está dispuesto a realizar sacrificios carece de legitimidad para exigirlos a los demás. Son muchos los privilegios que suponen una afrenta comparativa respecto al conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes. En plena crisis económica y política, la elaboración y aprobación de un Estatuto de los Cargos Políticos sería una saludable iniciativa. Los abajo firmantes exigimos al Congreso que elabore este Estatuto para:
- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.
- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.
- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo incompatibilidades con otros ingresos.
- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.
- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.
- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.
- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración.
- Reducir de forma drástica el número de cargos de confianza en todas las administraciones públicas.
- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas.
- Limitar los gastos de representación.
