Recogida de Firmas Comite de Empresa de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en Sta Cruz de Tenerife
Para: Sindicatos presentes en la Mesa General de Empleados Publicos de Canarias
Los firmantes del presente escrito, aprovechando la oportunidad brindada desde el comité de empresa de la consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, preocupados por los recortes que los empleados públicos de Canarias venimos sufriendo en nuestros derechos, y conscientes de los ataques que los servicios públicos reciben en los últimos tiempos, queremos expresar:
-No es de recibo que la actual situación económica que estamos viviendo sirva de coartada para que el estado del bienestar que ha costado muchos años de luchas y reivindicaciones se dinamite con la excusa de que hay que recortar los gastos de las administraciones públicas en beneficio de la empresa privada.
-En última instancia, creemos que el gobierno de Canarias pretende desmantelar gran parte de los servicios públicos en los que se basa el estado del bienestar en nuestra tierra. Hoy la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales en Canarias están en peligro. Y teniendo en cuenta la situación de emergencia social que vive el archipiélago, con unos niveles de paro por encima de la media estatal, con unas listas de espera en la sanidad que producen verdaderas injusticias, con un alto índice de fracaso escolar y con un retraso intolerable en la gestión de la ley de Dependencia, no entendemos que los gestores de lo público pretendan escatimar recursos para hacer frente a esta situación y faciliten, de esta forma, que sea la empresa privada la que tome la iniciativa, con lo que se conseguirá que lo que hoy son derechos de los ciudadanos en poco tiempo pasen a ser privilegios de los más pudientes, aquellos que pueden pagarse una sanidad privada, una educación privada y unos planes de jubilación privados.
-Y por si fuera poco, se aprovecha esta situación para manipular demagógicamente a la opinión pública pretendiendo argumentar que gran parte de los males que sufren las administraciones públicas en Canarias nacen de la incompetencia y falta de profesionalidad de los empleados públicos (como si quienes vienen gestionando lo público desde hace más de diecisiete años no tuvieran culpa de nada, inocentes ellos). Y en este contexto se está produciendo la mayor agresión a nuestros derechos laborales y sociales en la historia de la democracia. Primero fue un recorte del 5% en nuestros salarios, luego un recorte de derechos a través de la ley de Presupuestos; ahora se está hablando de problemas en la sostenibilidad de los servicios y el empleo público, por lo que se apuntan nuevas rebajas salariales y reducciones de plantilla (incluyendo posibles expedientes de regulación de empleo).
Y ante todo esto, asistimos incrédulos a la más absoluta inactividad de las organizaciones sindicales que se supone que representan y defienden nuestros intereses. Ni las organizaciones presentes en la Mesa General de Empleados Públicos, ni las presentes en el comité intercentros, ni las juntas de Personal, hasta el momento, han dado muestras de reaccionar ante todo esto y, como mínimo, y como principio, convocar una asamblea informativa del personal para informar y presentar propuestas de qué hacer, o recibir las propuestas que los empleados públicos podamos hacerles. Es inconcebible que en esta situación esas organizaciones sindicales no hagan nada y, para más inri, pretendan, algunas ellas, negociar en la Mesa de Concertación Social estas materias a espaldas del personal. ¿Quizá para conseguir a cambio prebendas en forma de liberaciones sindicales?
Es por ello que exigimos a través de este escrito que las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos convoquen de forma inmediata una asamblea general informativa en ambas provincias y se empiece a trazar un calendario de movilizaciones. Y no nos valen los argumentos que se han esgrimido hasta ahora en el sentido de que es la dirección general de la Función Pública la que pone pegas al ejercicio del derecho de reunión. Si es así, que se demande ante los tribunales la tutela de un derecho fundamental, y si, mientras tanto, tienen que ser las cuatro organizaciones presentes en la mesa las que deban presentar la convocatoria, pues que la presenten ya. ¿A qué esperan? ¿De qué tienen miedo? Exigimos esa convocatoria con carácter de urgencia. Ya. Ayer mejor que mañana.
