Recogida de Firmas Contra la Reforma Laboral y en apoyo de la Huelga General del 29 de marzo
Para: Gobierno Central y Gobierno Regional
UNA REFORMA INJUSTA QUE NO APORTA SOLUCIONES
La reforma laboral que ha promovido el Gobierno de España se caracteriza fundamentalmente por impulsar una agresiva desregulación de las relaciones laborales, lo que de forma eufemística se conoce como “flexibilidad laboral”. Ésta se ha impuesto mediante la ampliación de los poderes empresariales en la gestión del trabajo y disminuyendo los derechos de los trabajadores. La reforma laboral incluye algunos elementos particularmente muy negativos entre los que destacan:
• la rebaja de la indemnización por despido improcedente,
• la reforma del despido objetivo por causas económicas facilitándolo de una manera, de hecho, ilimitada,
• la eliminación de derechos sobre la conciliación de la vida familiar y laboral,
• la precarización máxima de algunas modalidades de contrato destinadas a colectivos en desventaja en el mercado de trabajo,
• la posibilidad de la extinción generalizada de contratos en el sector público.
Esta reforma laboral convierte la decisión unilateral de la parte empresarial en la nueva, única y definitiva fuente de las decisiones más relevantes en el ámbito laboral, al minimizar los cauces de negociación y representación colectiva. En esta misma línea, la reforma otorga preeminencia a la negociación en la empresa sobre la de ámbito superior, restando capacidad y relevancia a la negociación colectiva general o sectorial, propiciando así un grave empeoramiento de las condiciones laborales. Ello tendrá consecuencias dramáticas en las PYMES, en las que un número pequeño de trabajadores tendrá que negociar “cara a cara” con el empresario sus condiciones laborales.
El objetivo de estimular y favorecer la contratación, principal justificación de la iniciativa, es mera propaganda. La reforma no servirá para crear empleo, ninguna anterior lo ha hecho, porque sin crecimiento económico no se crea empleo y las reformas laborales no son la variable clave que explica el crecimiento o que lo genera.
Bajo el loable discurso de aumentar la competitividad y adaptabilidad de las empresas españolas se implementa una reforma en la que la amenaza de despido o el propio despido, son las fórmulas para ajustarse a los actuales y futuros momentos de convulsión económica. Esta reforma laboral no aborda otro de los problemas tradicionales de nuestro mercado laboral, como es la elevada temporalidad, que se incentiva posibilitando el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores para cubrir un mismo puesto o función, o mediante el uso de los contratos con período de prueba de un año. ¿Cómo se puede aumentar la productividad y la cualificación de los empleados favoreciendo la temporalidad y facilitando la rotación?
A pesar de que ni la protección frente al despido ni la relevancia del convenio sectorial son rasgos que señalen a España como un caso excepcional en relación con otros países de nuestro entorno, la reforma ataca y desactiva estos dos elementos. Como justificación, nuevamente se hace simple propaganda y se nos intenta transmitir la infundada idea de que es precisa la desregulación para asimilarnos a nuestros países vecinos.
Esta reforma va a provocar una precarización de las condiciones de trabajo porque favorecerá que:
• bajen los salarios (algo que no necesariamente se traduce en un incremento de la competitividad de nuestra economía),
• se redistribuya sin negociación la jornada de trabajo (con incidencia claramente negativa en la conciliación de la vida laboral y familiar),
• no se puedan acumular en jornadas la reducción de jornada por guarda de menores,
• se apliquen no negociadamente políticas de movilidad geográfica, lo cual puede ser usado como instrumento para forzar la expulsión de mujeres trabajadoras embarazadas o en periodo de crianza,
• se puedan calificar las faltas de asistencia justificadas como absentismo laboral.
En realidad, esta reforma convierte en ley los intereses de actores sociales muy concretos, favorece de modo muy crudo los intereses de sólo una parte de la sociedad desregulando las relaciones laborales y desprotegiendo a la gran mayoría en búsqueda de unos hipotéticos efectos que están lejos de ser comprobables.
En resumen, la reforma laboral que promueve el Gobierno no es útil para crear empleo, no ayuda a cambiar el modelo productivo, no reduce la dualidad en el mercado de trabajo ni la temporalidad y abarata y facilita el despido, entre otras medidas lesivas para los trabajadores.
La reforma contribuirá a agrandar aún más la gran fractura social que sufre nuestra sociedad, provocará destrucción de empleo a corto y medio plazo, generará una precarización general del mercado laboral, aumentará la inseguridad y la desprotección de todos los empleados, ya sean del sector público o del sector privado -favoreciendo un desequilibrio muy fuerte en el ámbito de las relaciones entre trabajadores y empresas- e incrementará la desigualdad social
En definitiva, bajo el pretexto de modernizar las relaciones laborales en España, lo que la reforma hace realmente es reducir derechos laborales que hasta ahora se consideraban consolidados. El Gobierno de España y otros sectores a favor de la reforma laboral confían en que el miedo ahogue las críticas y las protestas que han surgido en contra del procedimiento, el contenido y las desastrosas consecuencias de esta reforma para el conjunto del país.
Siendo grave el contenido de la reforma laboral quizás su relevancia sea mayor debido a que, además, se inserta en un conjunto de medidas que tienden a alejarnos de un modo igualmente radical del modelo social construido en los países occidentales desde la década de los años 50 del siglo XX. Forma parte de todo un catálogo de actuaciones que debilitan el Estado del Bienestar, que limitan los derechos sociales, que reducen el papel de las instituciones públicas en la regulación de la economía y que están acentuando la crisis económica y sus consecuencias.
A nuestro modo de ver ni esas decisiones públicas ni esta reforma laboral nos ayudarán a salir de la crisis, no generarán mayor bienestar, ni un crecimiento más justo y equitativo. Por eso rechazamos esta reforma, apoyamos la huelga general convocada por los sindicatos y defendemos una regulación de las relaciones laborales que garantice el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, que tienda a equilibrar las desiguales relaciones que se producen en el ámbito laboral y que, al contrario que la propuesta por el gobierno, tienda de nuevo a proteger a la parte menos fuerte de esas relaciones.
